La Justicia Digital

Durante la anterior legislatura ha habido un importante impulso a la introducción de las TIC para la mejora de la Administración de la Justicia, lo que se ha denominado Justicia Digital.

El propósito de este post es facilitar una visión general de la materia, si bien no soy un experto y, por supuesto, acepto correcciones y os animo a contribuir con aportaciones para mejorar el resultado final.

Para empezar, ¿Cómo se organiza  la Justicia?


De acuerdo a la Constitución, la justicia es administrada por jueces y magistrados de manera funcionalmente independiente del resto del aparato del Estado. Rige el principio de unidad jurisdiccional, de forma que los tribunales están ordenados jerárquicamente.

El órgano de Gobierno de Jueces y Magistrados es el Consejo General del Poder Judicial.
A jueces y magistrados en su función jurisdiccional les asiste la llamada administración de la Administración de Justicia, que comprende los medios materiales y  personales necesarios para que puedan realizar esta labor.

Este personal de apoyo depende de las Comunidades autónomas, en aquellos casos en los que ha habido transferencia de competencias o del Ministerio de Justicia en caso contrario.

Los agentes judiciales

Además de Jueces y Magistrados y del personal de la administración de la Administración de Justicia, existe toda una pléyade de agentes que participan de una u otra forma en el proceso de la Administración de Justicia, a saber:

• Órganos judiciales y Oficinas de Registro y Reparto (Secretario Judiciales).
• Procuradores y Colegio de Procuradores.
• Abogacía del Estado.
• Abogacías dependientes de la Abogacía del Estado (FOGASA, SEPES, AEAT y Consorcio Compensación de Seguros).
• Abogacía Comunidad.
• Letrados del  SJSS.
• Fiscalías.
• Abogados y Colegios de Abogados.
• Graduados Sociales.
• Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.
• etc

Servicios Digitales ofrecidos por la Administración de Justicia

Con el fin de facilitar la adopción de una Administración de Justicia digital, el Ministerio de Justicia y el CGPJ han impulsado la puesta en marcha de algunos servicios comunes para los agentes que intervienen en la Administración de Justicia.

Punto Neutro judicial (PNJ)

El Punto Neutro Judicial es una red de servicios que ofrece a los órganos judiciales los datos necesarios en la tramitación judicial mediante accesos directos a aplicaciones y bases de datos del propio Consejo, de organismos de la Administración General del Estado y de otras instituciones con objeto de facilitar y reducir los tiempos de tramitación, de aumentar la seguridad, y de mejorar la satisfacción de los usuarios.

Los objetivos principales de la aplicación son:

• Servir de apoyo a la gestión de los órganos judiciales.
• Proporcionar servicios de ayuda al juez.
• Automatizar la gestión de los órganos de gobierno.
• Facilitar la compatibilidad e interoperabilidad entre los sistemas informáticos al servicio de la administración de justicia.

 El acceso al PNJ se realiza por un portal que facilita la navegación entre los distintos servicios y permite ofrecer más información a los usuarios.

LexNet

LexNet es una plataforma de intercambio seguro de información entre los órganos judiciales y una gran diversidad de operadores jurídicos que, en su trabajo diario, necesitan intercambiar documentos judiciales (notificaciones, escritos y demandas). El sistema, que empezó a funcionar en el año 2004:

* Cuenta con más de 52.000 usuarios.
* Es utilizado en más de 3.500 órganos judiciales.
* Y ha permitido intercambiar más de 160.000.000 de comunicaciones.

Lexnet, tal y como su nombre indica (la Ley en la Red), pretende extender gran parte de los servicios que ofrece la Administración de Justicia a través de Internet, haciendo que estos sean accesibles desde cualquier parte y en cualquier momento. En la actualidad el sistema permite:

• El intercambio seguro de información.
• El uso de firma electrónica reconocida.
• Acceso vía web.
• Funcionamiento 24x7.
• Ahorro de papel.
• Inmediatez en las comunicaciones.

 En cuanto a los usuarios que actualmente están utilizando el sistema son: Órganos judiciales y Oficinas de Registro y Reparto (Secretario Judiciales),Procuradores y Colegio de Procuradores, Abogacía del Estado, Abogacías dependientes de la Abogacía del Estado (FOGASA, SEPES, AEAT y Consorcio Compensación de Seguros),Abogacía Comunidad,Abogacía SJSS,Fiscalías,Abogados y Colegios de Abogados,Graduados Sociales,Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.


Implantación de  LexNet

  Utilizan LexNet las CCAA a las que no se le han transferido las competencias en el ámbito de Justicia: Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura, Baleares, Murcia, Ceuta y  Melilla

Asimismo, las siguientes CCAA tienen competencias transferidas, pero han optado por el uso de LexNet: Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Galicia, La Rioja, Madridy el Principado de Asturias

Por último, las siguientes CCAA con competencias transferidas han optado por utilizar un sistema propio: Cantabria y  Navarra

Sistemas de Gestión Procesal (SGP)

El sistema de gestión procesal es el corazón de la gestión de la Administración de Justicia.

El sistema de gestión procesal facilita la tramitación de la información relativa a los procedimientos judiciales, de forma que cualquier órgano judicial implicado en la tramitación de un determinado procedimiento, pueda acceder a la información asociada al mismo con las garantías de reserva, control y confidencialidad requeridas

Las CCAA con transferencia de competencias en materia de justicia pueden optar entre utilizar el sistema de gestión procesal proporcionado por el Ministerio de Justicia (Minerva)  o utilizar uno propio.

La situación actual de implantación de Sistemas de Gestión Procesales en las diferentes CCAA es la siguiente (información en revisión):

Andalucía	Adriano
Canarias	Atlante II
Valencia	Cicerone
Galicia	Minerva
P. Vasco	Justizia.bat
Madrid	Minerva
Cataluña	Themis II, e.justicia.cat
Navarra	Dictum (integra Avantius)
La Rioja	Minerva
Cantabria	Vereda /Minerva
Ministerio de Justicia	Minerva
Ministerio Fiscal	Fortuny
Resto CCAA (Baleares, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Ceuta, Extremadura, Melilla y Murcia)	Minerva-NOJ

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Cargador de Expedientes Judiciales

El Ministerio de Justicia, a través de Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia de la Secretaría General de la Administración de Justicia ofrece este servicio, cuyo objetivo es la remisión de documentación de índole Administrativa a la Administración de Justicia.

La aplicación del cargador es una solución Web y servicios web que facilita el envío de Documentos y Expedientes administrativos electrónicos (EAE) por parte de las AAPP a los Órganos Judiciales.

Una vez que los expedientes administrativos se incorporan al procedimiento Judicial, estos se judicializan siéndole de aplicación la normativa vigente (art. 2 ley 18/2011).

El alcance inicial de la aplicación está pensado para la jurisdicción Contencioso Administrativa, no obstante el procedimiento de actuación es lo suficientemente amplio que permitiría ampliar a otras jurisdicciones.

Uso del cargador de Expedientes

La ley obliga a que los órganos de la Adminstración intercambien la documentación con la Administración de Justicia en formato de documento electrónico a partir de Enero de 2017 (siguientdo el esquema EJI, similar al ENI).

Actualmente el cargador de expedientes se encuentra habilitado al menos en los Ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; Educación, Cultura y Deporte; Empleo y Seguridad Social; Hacienda y Administraciones Públicas; Industria, Energía y Turismo; Interior y Justicia.
 
 Desde el punto de vista de la Administración de Justicia, se ha comenzado inicialmente por la Audiencia Nacional. El Ministerio de Justicia tiene planificada su extensión en breve a otros órganos judiciales.

Comunicación con la Administración de Justicia

Se ha observado que existen 3 diferentes casuísticas para el envío de expedientes administrativos a órganos Judiciales:

I.- Remisión de expedientes en el ámbito de Comunidades Autónomas que carecen de competencias trasferidas en el ámbito de la Administración de Justicia (Baleares, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Ceuta, Extremadura, Melilla y Murcia); así como la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

II.- CC.AA. con competencias transferidas pero que hacen uso de los sistemas y aplicaciones del MJU, tal es el caso del Principado de Asturias, Galicia, La Rioja y Aragón

III.- CC.AA. con competencias transferidas. Concurren en éstas numerosos matices diferenciadores en la dinámica de tratamiento de la documentación.

El punto clave, la gestión documental  

Podemos decir que actualmente existe una dificultad clave para el intercambio de información entre la AGE y la Administración de Justicia, que es la diversidad de madurez de los organismos públicos en la gestión documental electrónica

Si bien es cierto que aún no se ha resuelto completamente la comunicación entre las partes (el cargador de expedientes resuelve el problema con los órganos judiciales del territorio de justicia, pero no  con aquellas comunidades autónomas que disponen de su propio sistema de gestión procesal), el punto de partida en un organismo debe ser la existencia de sistemas de gestión documental electrónicos.

Como medida excepcional, para organismos con un volumen pequeño de expedientes que intercambiar, se pueden adoptar soluciones manuales, que contemplen la digitalización de los documentos en papel de manera previa al envío.

la línea emprendida por la AGE pasa por implantar la solución de gestión documental desarrollada en la extinta DTIC (denominada Inside)  y conectar este aplicativo con los diferentes sistemas de gestión procesal, tanto del Ministerio de Justicia como de las Comunidades autónomas con SGP propios.

Por lo tanto, la utilización del cargador de expedientes o de la solución indicada anteriormente son alternativas para la implementación de este intercambio documental, si bien en el primer caso, queda por concretar cómo se realizaría la conexión con las CCAA con competencias transferidas y, en el segundo, es necesario saber si se dispone actualmente de una solución probada y operativa que permita realizar esta transferencia.


Conclusiones

Disponer de una Justicia digital o, al menos, digitalizada, no es fácil y seguramente no va a ser una
realidad a corto plazo. Queda aún mucho por hacer y poco tiempo para conseguirlo.

Sin embargo, no es posible andar el camino si no se da el primer paso. Todo el esfuerzo  realizado ha sido en la dirección correcta y hay que agradecer el esfuerzo del Ministerio de Justicia para impulsar la Justicia Digital.