domingo, 23 de octubre de 2011

Consideraciones sobre la Planificación Estratégica en el Sector Público

En primer lugar cabe preguntarse qué es la Planificación Estratégica (PE). La PE es de manera general el proceso de desarrollo e implementación de planes para alcanzar propósitos y objetivos definidos. El término Estrategia proviene del ámbito militar, aunque hoy en día se ha extendido su aplicación al ámbito empresarial.

En las Administraciones Públicas se empezó a plantear su uso en 1990 como parte de un proceso de modernización que se recogía en el documento “Reflexiones para la modernización de la Administración del Estado” (MAP).

En este documento se hace el planteamiento de apoyarse en un sistema de Administración por objetivos (APO) como medio de alcanzar una mayor eficacia y eficiencia y así ofrecer un mejor servicio al ciudadano en un escenario de limitación de recursos, que hoy en día compartimos.

Realmente la APO surgió en los años 50 (F. Druker) como un medio de evaluación y control de desempeño, pero se ha impuesto como una filosofía cuyos principios metodológicos pueden aplicarse por medio de distintas técnicas y adaptarse a distintas organizaciones.

En concreto, la metodología es válida para el Sector Público, con sus particularidades específicas. En particular, la definición de objetivos es más difícil en el sector público porque, a diferencia del sector privado, este no cuenta con el beneficio económico como discriminante principal en las tomas de decisiones.

Por otra parte, es necesaria su adaptación a la realidad actual de las AAPP de limitación en la autonomía económico-financiera de los centros directivos, a la menor flexibilidad en la gestión de los RRHH y a una menor agilidad, consecuencia de la orientación normativa y jurídica (ie. burocrática) de las organizaciones, contraria a veces a los principios de una gestión ágil y eficaz.

El desarrollo de una metodología de PE basada en el paradigma de la APO fue encargado a la Inspección General de Servicios de la AAPP. Su desarrollo puede encontrarse en el artículo “Administración por objetivos” del Nº 223 de la publicación del INAP “Documentación Administrativa” (1990).

En este artículo se describe la APO como "un enfoque particular de administración vinculado a la formulación de metas,  que permite instrumentalizar el concepto moderno de dirección científica como visión integrada de todos los factores y elementos, tanto internos como externos a ella, que resulten decisivos para la consecución de sus objetivos".

 No se trata únicamente de un modelo de gestión, sino que además aporta a la organización mecanismos para utilizarlo como un sistema de planificación, como un instrumento de motivación/participación y como un sistema de evaluación de unidades y personas.

El modelo en sí es un proceso iterativo (aunque su aspecto sea secuencial) que podemos resumir en las siguientes etapas o pasos:


  • Definición de la Misión: Definición concreta de la razón de ser de la organización, que es la que justifica su existencia
  • Definición de la Visión: Imagen de la realidad futura desada y lacanzable de la unidad/organización
  • Formulación del Objetivo político: Formulación concisa de la(s) meta(s) deseada(s) por los responsables políticos. Son objetivos generales, abstractos de carácter político
Hasta aquí, estos aspectos son responsabilidad de los responsables políticos de mayor nivel (ej. Gobierno o  Ministro). Los siguientes son los que aplican a los responsables de unidades u órganos directivos:
  • Formulación de estrategias: Entendidas como caminos que posibilitan la trasicción de la organización desde la situación actual a la deseada.
  • Asociación de Proyectos a cada Estrategia: Se establecerán uno o varios proyectos asociados cada estrategia con objetivos específicos que vayan en el camino de conseguir parcialmente el objetivo político perseguido.
  • Actividades. Se planificarán las actividades y los recursos necesarios para la consecución de los objetivos de cada proyecto.
  • Resultados: Cada Proyecto deberá tener un resultado   o logro concreto que se alcanza como consecuencia de su realización. Estos resultados se evalúan mediante indicadores que permitan su medición.
EL siguiente gráfico resume las fases anteriormente citadas:



Lo que sorprende es encontrar una documentación tan extensa y elaborada relativa a la PE y a la APO que, aunque está disponible desde 1990, no es muy conocida.

Existen ejemplos de su utilización en el Sector Público, como el Consejo Superior de Deportes, la UNED o el Consejo Económico y Social.

Aunque seguramente  es necesaria la actualización de algunos conceptos y su integración con los conceptos modernos de la metodología de gestión de proyectos del Project Management Institute, tanto las motivaciones y como el desarrollo metodológico siguen siendo vigentes hoy en día.

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lunes, 10 de octubre de 2011

Notificaciones Electrónicas sin certificado digital

Poco a poco la Administración Electrónica va abriendose un hueco en nuestras vidas como ciudadanos.

Recientemente he recibido, como otros muchos Españoles, una comunicación de la Gerencia Regional del  Catastro (MEH) informando de un servicio electrónico para obtener el certificado catastral de inmuebles.

Esta notificación es accesible desde la sede electrónica del citado organismo (https://www.sedecatastro.gob.es/) identificándonos mediante un certificado electrónico reconocido.


Lo que es más novedoso es la posibilidad de identificarnos también a través de una clave de acceso temporal, lo cual estaba previsto ya en el artículo 13.2.c) de la Ley 11/2007, que faculta a las Administraciones Públicas para determinar, teniendo en cuenta los datos e intereses afectados y siempre de forma justificada, los supuestos y condiciones de utilización por los ciudadanos de otros sistemas de firma electrónica, como la utilización de claves concertadas en un registro previo como usuario.


Para la utilización de este sistema, el MEH había ya previsto y regulado su utilización en la Orden EHA/2219/2010, de 29 de julio, por la que se aprueba el sistema de firma electrónica de clave concertada para actuaciones en la sede electrónica de la Dirección General del Catastro:

1. El sistema de firma de clave concertada se basa en el intercambio en un entorno seguro de un número de referencia o código que se genera automáticamente mediante un sistema criptográfico, basado en un algoritmo de tipo bidireccional que, tomando como punto de partida una serie de datos conocidos y únicos para un ciudadano determinado y una actuación de administración electrónica concreta, construye un código relacionado de forma biunívoca con dichos datos específicos. Consta de un número fijo y determinado de caracteres numéricos y alfanuméricos, función del algoritmo y datos seleccionados para la formación de la clave, haciendo posible la operación inversa de identificar al ciudadano y el procedimiento a partir del código.
La clave concertada es un mecanismo de clave disociada que se compone de dos partes diferenciadas, una de ellas el código alfanumérico generado automáticamente, y la otra un dato específico correspondiente al interesado concreto destinatario de la clave y conocido exclusivamente por los dos interlocutores del proceso, el interesado y la Dirección General del Catastro. La clave y el código que la conforma no quedan registrados, no se almacenan y no son visibles en formato alguno puesto que se generan automáticamente sin intervención manual. El código queda recogido únicamente en la comunicación que recibe el interesado sobre la disponibilidad de la clave como medio de firma electrónica y la clave concertada se genera exclusiva y dinámicamente en el mismo momento en que el código se introduce en el sistema.

2. La provisión al interesado del código necesario para la tramitación electrónica con clave concertada podrá realizarse de oficio, mediante carta informativa remitida a la dirección postal del interesado, o a su solicitud, por vía electrónica, presencial o telefónica. Esta comunicación contendrá el código e informará de la actuación electrónica en la que es posible el uso de la clave concertada como sistema de firma, del procedimiento para realizar el registro a que se refiere el apartado siguiente y del plazo de vigencia de la clave concertada.

La generación del código y, en su caso, la impresión y envío en la carta informativa de comunicación al interesado se realizarán en un entorno seguro diferenciado, aplicando el principio de segregación de funciones, de manera que el área responsable de la comunicación del código al ciudadano lo genere empleando el algoritmo suministrado, sin existir relación alguna con el área de la Dirección General del Catastro responsable de custodiar el algoritmo y habilitar el acceso a las actuaciones automatizadas mediante la clave concertada.

El sistema de clave concertada se basa en la generación de un código temporal que es comunicado al interesado mediante carta informativa. Dicho código está asociado al procedimiento administrativo concreto, al usuario y a un espacio temporal definido.

Es interesante notar que la validez del sistema se basa tanto en medidas técnicas (criptografía o transformación biunívoca) como en medidas organizativas que garanticen que no es posible para el personal conocedor del algoritmo utilizado el acceder a los códigos generados. O que el personal que interviene en la impresión y envío de las comunicaciones que incluyen los códigos no pueden conocer el algoritmo utilizado.

Estas medidas de segregación de funciones son análogas a las utilizadas en el las organizaciones TIC en las que se impide que el mismo personal que desarrolla programas informáticos tenga responsabilidades sobre la  explotación de los sistemas informáticos minimizando las posibilidades de errores o cambios no autorizados en los aplicativos en producción.

En cualquier caso, se trata de un excelente ejemplo sobre cómo  facilitar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos  y deberes por medio de las TIC.

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